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| Foto Los Ángeles Times |
La presidenta Claudia Sheinbaum impulsa una controvertida reforma: recopilar datos biométricos —huellas dactilares, rostro e iris— integrados a la CURP mediante una plataforma nacional con apoyo de la Secretaria del Bienestar. Según CNN, Sheinbaum argumentó que la huella dactilar es “la forma más sencilla” de identificar personas en casos de desaparición forzada. Esto, en teoría, agilizaría la localización de desaparecidos. Sin embargo, un centenar de colectivos han rechazado la iniciativa, advirtiendo que sitúa al Estado ante un riesgo de vigilancia masiva, con acceso incluso del Centro Nacional de Inteligencia a la plataforma.
La Secretaría del Bienestar, brazo activo del nuevo esquema, podría desplegar este protocolo mediante su extensa red de programas sociales como Pensión Adultos Mayores, Salud Casa por Casa, becas y apoyos alimentarios, a través del Banco del Bienestar que ya dispersa recursos entre más de 32 millones de familias. De esta forma, la recolección de datos podría integrarse sin resistencia dentro del acceso cotidiano que los beneficiarios tienen al recibir apoyos de “derecho”, no “dádivas”.
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| Foto Wired |
Desde la oposición, el PAN ha sonado las alarmas. Ricardo Anaya advirtió que el régimen busca facultades sobre privadas y públicas sin controles democráticos: “todo lo que tengan los bancos… transporte, salud, hospitales… lo va a poder ver el gobierno, tanto en bases de datos como en biométricos. La diputada Nadia Navarro (PRI) también criticó la falta de garantías sobre protección de datos y recordó que un registro similar fue declarado inconstitucional en 2022 por vulnerar derechos fundamentales
El Financiero advirtió que estas reformas —a las leyes de seguridad, trámites, desapariciones e inteligencia— consolidan un esquema de vigilancia digital sin precedentes, centralizado en la CURP con huellas e iris, y sanciones millonarias para quienes se resistan a compartir datos. Leopoldo Maldonado (Artículo 19) sostuvo que esto representa un control sin contrapesos.
En medio de un contexto donde 33 millones de familias ya reciben apoyos sociales, y el sistema de entrega está profundamente arraigado territorialmente, surge una pregunta inquietante: ¿se trata de un programa de bienestar, o de datos biométricos camuflados tras la cara amable de la ayuda social?
Con este enfoque, se conserva un tono inquisitivo y crítico, centrado en la intriga del alcance real del protocolo, y cómo estructuras como la Secretaría del Bienestar y sus programas podrían facilitar su aplicación sin una resistencia visible.
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