| Manifestación en Marcha del Día de la Mujer. Foto: Aurea del Rosario. El País. |
La reciente iniciativa impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum para crear una Ley General orientada a prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio no puede entenderse únicamente como un ajuste técnico del marco jurídico. Se trata, más bien, de un intento por reorganizar la manera en que el Estado mexicano reconoce y enfrenta una de sus crisis más persistentes: la violencia estructural contra las mujeres.
La propuesta —que será enviada al Congreso— busca homologar el tratamiento del feminicidio en todo el país, obligando a que cualquier muerte violenta de una mujer sea investigada bajo este tipo penal desde el inicio. Esta medida apunta a cerrar uno de los vacíos más señalados por organizaciones civiles: la disparidad entre estados, donde los criterios para tipificar el delito varían y, en muchos casos, diluyen la posibilidad de justicia.
El proyecto contempla penas de entre 40 y 70 años de prisión, así como la incorporación de múltiples agravantes —como la edad, el embarazo o la condición de defensora de derechos humanos de la víctima— que buscan reconocer la complejidad de la violencia feminicida. Sin embargo, más allá del endurecimiento de sanciones, el énfasis discursivo se desplaza hacia la prevención y la reparación del daño, incluyendo medidas para víctimas indirectas como hijos e hijas de mujeres asesinadas.
| Ernestina Godoy. Foto: La Jornada. |
Este giro es relevante porque reconoce que el feminicidio no es un evento aislado, sino el punto culminante de una cadena de violencias previas. En ese sentido, la ley también pretende establecer protocolos claros de investigación con perspectiva de género, así como mecanismos institucionales que reduzcan la impunidad, uno de los principales problemas en México, donde menos del 15% de los casos logra judicializarse.
No obstante, el desafío no radica únicamente en la promulgación de una nueva ley. Experiencias previas han mostrado que la existencia de marcos normativos avanzados no garantiza su aplicación efectiva. La centralización de criterios podría enfrentar resistencias locales, y la implementación dependerá en gran medida de la capacidad operativa de fiscalías y sistemas judiciales estatales.
En este contexto, la iniciativa de Sheinbaum abre una pregunta más profunda: ¿puede el derecho, por sí solo, transformar una realidad marcada por la desigualdad, la violencia y la impunidad? La respuesta probablemente no sea inmediata. Pero el intento de construir un lenguaje jurídico común para nombrar y sancionar el feminicidio representa, al menos, un paso hacia la visibilización integral del problema.
Referencias
El País. (2026, marzo 24). El Gobierno presenta una ley general para homologar el delito de feminicidio en todo México.
Muñoz, A. E., & Olivares, E. (2026, marzo 24). FGR presenta iniciativa para sancionar feminicidio con penas de hasta 70 años de cárcel. La Jornada.
Rojas, A. (2026, marzo 24). Sheinbaum y FGR presentan nueva ley contra feminicidio. El Economista.
No hay comentarios:
Publicar un comentario